Mi declaración como testigo ante el Tribunal Supremo el pasado martes 5 de marzo ha generado tan enorme avalancha de insultos y amenazas hacia mi persona, en redes sociales y en determinados medios de comunicación en Cataluña, que me obliga a expresar lo siguiente.
En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a todas las personas e instituciones que me han mostrado estos días su apoyo públicamente y en privado, que son muchas y muy apreciadas.
He respetado siempre y respeto las ideas y opiniones de todos, por muy distintas o contrarias a las mías que pudieran ser. Resultaría imposible encontrar una sola declaración pública mía insultando a alguien, porque siempre he pensado que el respeto y la tolerancia son la base de la convivencia.
Se me acusa de mentir y manipular, cuando lo que hice fue decir la verdad, bajo juramento, en respuesta a las preguntas que se me formularon desde fiscalía, abogacía del Estado, acusación particular y abogados de la defensa. Todo lo que dije es cierto, como no podría ser de otra manera. Las pruebas y testimonios que están pendientes de ser presentados, aportarán nueva información que permitirá reflexionar a los que me han cuestionado.
Pero es evidente que mis respuestas no gustaron a quienes hubieran preferido escuchar la ratificación, por mi parte, de sus opiniones, manteniendo oculta la verdad sobre determinados hechos que tuvieron lugar en Cataluña en 2017 y que jamás han formado parte del relato oficial, divulgado con gran habilidad y eficacia desde todos los sectores independentistas y el propio Gobierno de la Generalitat, asumido como único y cierto por gran parte de la sociedad catalana. Tampoco gustó que diera voz al testimonio de algunos funcionarios policiales que me explicaron sus experiencias ese día, pero creo que era mi deber moral transmitir tal vivencia personal.
Pero la realidad es tozuda, y los hechos reales son inalterables. No se trataba de plantear una guerra de imágenes extremas con el objetivo de señalar al responsable de las mismas, sino de entender y aceptar que aquella indeseada situación podría haberse evitado perfectamente sólo con respetar la legalidad democrática vigente y las resoluciones de nuestros tribunales, ambas piezas clave para la verdadera defensa de la libertad, el estado de derecho y la pacífica convivencia.
Las oportunidades perdidas
El pasado martes 5 de marzo expuse ante el Tribunal lo que considero más importante de todo lo ocurrido, y es que hubo muchas oportunidades para evitar lo sucedido, antes y después del 1 de octubre. Expliqué, con ejemplos, que el diálogo constructivo para superar las actitudes excluyentes fue la hoja de ruta que marcó mi etapa como delegado del Gobierno de España en Cataluña, desde noviembre de 2016 a junio de 2018, en lo que se llegó a bautizar como la “operación diálogo”, y que realicé infinitos esfuerzos para afrontar un desafío sin precedentes y evitar un desenlace indeseado. Pero el responsable máximo de aquel movimiento nunca tuvo voluntad sincera y leal de buscar una solución dialogada que no fuera la celebración de un referéndum vinculante de autodeterminación, si o si.
La alternativa no era otra que la confrontación contra el Estado de Derecho, mediante la ruptura del marco legal vigente en el Parlament de Catalunya, y el conflicto en las calles, mediante la capacidad movilizadora de los CDR y las organizaciones civiles soberanistas. El objetivo final era la declaración unilateral de independencia.
No fueron pocos los intentos que hice en persona con el entonces Presidente Puigdemont para convencerle de que no podía arrastrar a Cataluña a un naufragio con las graves consecuencias que su irresponsable actitud podía acarrear al conjunto de la sociedad, pero aquel intento tuvo punto final a partir del momento en que el entonces presidente de la Generalitat hizo pública la convocatoria del referéndum ilegal para el 1 de octubre.
La obcecación y reiteradas negativas de Puigdemont a desconvocar ese referéndum ilegal, sin ninguna garantía, sin ningún reconocimiento, y desobedeciendo claramente el mandato judicial, desembocó en una jornada de octubre para la que la escenografía independentista había desarrollado, sin escatimar recursos de todos los catalanes, todo tipo de artificios para teñir de falso realismo una actuación carente de toda la legalidad.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tenían que cumplir con una orden judicial muy clara para evitar la celebración del referéndum ilegal, mediante la incautación del material electoral ubicado en los colegios. Trabajaron con la profesionalidad y proporcionalidad con la que siempre llevan a cabo su encomiable labor, en un entorno de gran oposición y dificultad extrema en muchos casos.
El mismo 1 de Octubre, con el objetivo de evitar problemas mayores, convoqué una rueda de prensa a primera hora de la mañana, en la Delegación del Gobierno, para pedir la colaboración ciudadana en el cumplimiento de la labor encomendada por el Tribunal Suprior de Justicia de Cataluña a los cuerpos de seguridad, y posteriormente pedí claramente a Puigdemont que dejara de convocar a los catalanes a una falsa votación y de provocar mayor agitación entre los radicales que no permitían que la policía cumpliese la orden del juez. La respuesta del entonces Presidente de la Generalitat fue convocar, mediante llamada pública, a la ciudadanía a “defender” las urnas y a ”defender” los colegios electorales enfrentándose a los cuerpos de seguridad para tratar de impedir el cumplimiento de su deber.
Lejos de recuperar el sentido común, el presidente de la Generalitat se negó a poner freno al cúmulo de despropósitos al que abocaron a miles de catalanes que, en la mayoría de casos de buena fe, siguieron creyendo en el engaño masivo del independentismo.
El testimonio del Comisario Castellví ante el Supremo ha resultado muy revelador para conocer el hecho real de que la policía autonómica –Mossos d’Esquadra– advirtió in extremis al entonces Presidente de la Generalitat, y también al Vicepresidente Junqueras, de que era necesario desconvocar el referéndum ilegal, para evitar así una posible escalada de violencia, criterio coincidente con la tesis que siempre mantuve desde la Delegación del Gobierno, pero este se negó de nuevo a evitar lo que de hecho formaba parte de su objetivo principal.
Lamento profundamente que pese a todas las advertencias se lanzaran al vacío, y que el máximo responsable de todo se asustase a última hora por una concentración en la que los suyos le acusaban de traidor y, sin escuchar tan siquiera a su a buen amigo Iñigo Urkullu ni a otros interlocutores sociales que le advirtieron del error que estaba cometiendo al declarar la independencia unilateral, y acabase saliendo de España, perjudicando seriamente la situación procesal de los miembros de su anterior Govern que no sabían ni esperaban tal reacción.
Mi agradecimiento personal
Como ya he dicho, agradezco profundamente las numerosas muestras de apoyo que he recibido estos días, tanto públicamente como en privado.
Mi sentimiento de agradecimiento es aún mayor al comprobar que esos apoyos provienen de diferentes sectores de la sociedad y de representantes de diferentes partidos políticos constitucionalistas.
Personas de otros proyectos políticos, distintos al del Partido Popular, que han dejado a parte las diferencias programáticas y no han dudado en manifestarse estando en una precampaña electoral, lo cual da aún más valor a su testimonio.
Es para mí un gran motivo de esperanza ver que somos muchos los que podemos estar juntos cuando se trata de defender la libertad, la democracia y la convivencia.
La propaganda independentista se ha reactivado con fuerza ante este juicio y recurre de nuevo a la instrumentalización de los sentimientos para intimidar en Cataluña a los que discrepan abiertamente de su posición excluyente.
Pero será la historia la que también algún día juzgará a quienes han provocado un grave deterioro en la sociedad catalana, fragmentada en dos, despreciando a más de la mitad de catalanes que no son partidarios de la separación.
Con absoluta independencia y al margen de cuál sea el desenlace final de este Juicio, en el que todavía hay que escuchar a varios centenares de testigos presenciales de lo ocurrido en aquellos días, sólo seremos capaces de remontar y revertir esta situación mediante la recuperación del sentido común, el respeto al estado de derecho, y la convicción plena de que el cumplimiento de las reglas de juego que entre todos acordamos, de manera singular nuestra Constitución, es la piedra angular que sostiene en pie el formidable edificio de la convivencia pacífica y de la cohesión social.
Enric Millo, 13 de marzo de 2019