Presupuestos de la Junta de Andalucía 2024 y Acción Exterior

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2024 son los más altos de la historia de la Comunidad y también apuestan de una forma decidida por reforzar la Acción Exterior de la Junta, así como la Dirección General de Andalucía Global.

Orientaciones generales de los Presupuestos 2024 de la Junta de Andalucía

La elaboración del presupuesto andaluz para el año 2024 se enfoca primordialmente en la elevación del nivel de vida de los ciudadanos. La administración de Andalucía se dedica a impulsar políticas fiscales que fomenten la estabilidad, el diálogo constructivo y el consenso, con una firme confianza en las capacidades de la sociedad y economía regionales. Se ha iniciado una agenda de reformas que favorece a los sectores de producción, la sinergia entre lo público y lo privado, la captación de inversiones, la simplificación administrativa y las reducciones tributarias.

La sequía persistente que afecta a la región de Andalucía convierte a la gestión del agua en una parte crítica del presupuesto para 2024. La Junta de Andalucía prioriza el apoyo al sector agrario y los rubros económicos relacionados, adaptando las infraestructuras hídricas a las condiciones climáticas actuales. Esta adaptación se propone como un deber conjunto de todas las administraciones públicas, y la Junta toma la delantera en este compromiso, buscando colaboración tanto del Gobierno central como de la Unión Europea frente a la acuciante necesidad hidráulica en la región.

Asimismo, el refuerzo de los servicios públicos es un pilar fundamental del presupuesto para 2024, con mejoras significativas en la atención a personas con dependencia, la simplificación en la gestión de ayudas, el fomento de la formación profesional, un modelo financiero innovador para las universidades y un incremento en los fondos para la sanidad pública de Andalucía. Todo esto busca continuar con la mejora sostenida del bienestar social que promueve el gobierno regional.

El escenario geopolítico y económico en el que se desarrolla el presupuesto de 2024 es complejo, marcado por la incertidumbre global y desafíos como el conflicto en Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, junto con el ajuste de las políticas monetarias. No obstante, se observa un repunte económico en la eurozona y una moderación inflacionaria que ha llevado a la revisión positiva del crecimiento en España para 2023, aunque con cautela para 2024.

La economía andaluza se muestra vigorosa, superando la media nacional y europea en crecimiento y empleo, alcanzando niveles récord de contratación y registro de nuevas empresas, especialmente en términos de contratos indefinidos y sociedades mercantiles. A pesar de estos datos alentadores, el desempleo persiste, razón por la cual el fomento de trabajo, en especial entre jóvenes y colectivos vulnerables, y el apoyo al emprendimiento individual se suman a las prioridades presupuestarias, respaldadas por un Pacto Social y Económico regional.

No obstante, existe incertidumbre en el ámbito institucional debido a las elecciones generales recientes y a un Gobierno central en funciones, lo que repercute en las finanzas autonómicas. Falta claridad en cuanto a las entregas presupuestarias y los parámetros fiscales aplicables, lo cual dificulta la planificación financiera.

A pesar de estos retos, el Gobierno de Andalucía propone un presupuesto equilibrado que atiende a las necesidades urgentes y reclama una reforma en la financiación autonómica para corregir desequilibrios históricos y mejorar la transparencia y eficacia del sistema de bienestar estatal. Este enfoque persigue un modelo de financiación justo y estable para los servicios de salud, educación y sociales, fundamentales para el bienestar.

El presupuesto también continúa con las políticas de reducción fiscal de años anteriores, que han retornado más de 900 millones de euros a las familias y empresas andaluzas, estimulando el crecimiento económico regional. La experiencia andaluza ha demostrado que la reducción de impuestos puede coexistir con un aumento en la recaudación tributaria, lo que refleja la eficacia de las estrategias fiscales implementadas y un compromiso con la reducción de la economía sumergida.

Los fondos provenientes de la UE, incluyendo los fondos estructurales y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, se integran también en el presupuesto. La optimización administrativa ha cuadruplicado las certificaciones de los fondos estructurales en cinco años, alcanzando una ejecución del 91% del marco 2014-2020, equivalente a 10.173 millones de euros, gracias a las acciones de mejora y la automatización de procesos. La financiación local ha crecido notablemente bajo el enfoque municipalista, con una gestión más eficiente y apoyo a corporaciones endeudadas.

El presupuesto de 2024 subraya la creación de empleo como una prioridad, con 87 líneas de subvenciones en ámbitos como el empleo, la formación profesional y la prevención de riesgos laborales. Se destinan 1.092 millones de euros para el empleo estable, más de 487 millones para formación profesional y 737 millones para la economía social y trabajo autónomo, además de 38,8 millones para prevención de riesgos laborales.

Para potenciar el emprendimiento y atraer inversión, se hace énfasis en la digitalización y simplificación administrativa. La Estrategia Andaluza de Inteligencia Artificial se desarrolla para atraer profesionales del sector y mejorar la competitividad de las pymes mediante la IA, que se aplicará en sectores diversos, desde el agroalimentario hasta la salud.

La administración enfoca sus esfuerzos en la eficiencia, especialmente en la atención a problemas sociales como la pobreza. En 2022, la ejecución de la Renta Mínima de Inserción Social logró una ejecución del 98,4% del presupuesto, reflejo de una gestión optimizada.

El presupuesto de 2024 presenta una inversión sin precedentes en políticas sociales, con Sanidad, Educación pública y Servicios Sociales acaparando el incremento de gasto y atendiendo a las necesidades de un Estado del Bienestar desafiado por tendencias demográficas y laborales mundiales. En salud, se continúa el esfuerzo financiero superando el 7% del PIB regional, con fondos europeos contribuyendo a la modernización de infraestructuras sanitarias y a la reactivación económica.

Este marco presupuestario de Andalucía apunta a un equilibrio entre la eficiencia administrativa y el compromiso social, asegurando la sostenibilidad financiera y la promoción del bienestar general.

Siguiendo la trayectoria establecida en prácticas previas, nos comprometemos a fortalecer los logros ya alcanzados en el ámbito de la salud pública, poniendo énfasis en la accesibilidad universal, la excelencia en el servicio, el desarrollo de investigaciones pioneras y la constante renovación administrativa. Profundizaremos en las iniciativas ya emprendidas en años anteriores, con el fin de impulsar una transformación significativa hacia una estructura sanitaria innovada y actualizada. En este contexto actual, se hace esencial promover la salud preventiva, especialmente en el núcleo familiar, gestionar y controlar posibles riesgos para la comunidad andaluza y asegurar una integración y coordinación continuas de las políticas de salud de Andalucía con el marco jurídico estatal y europeo.

El presupuesto para la salud de 2024 busca afianzar y mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, inaugurar nuevos servicios y facilitar el acceso a medicamentos costosos en áreas como oncología, hematología y para enfermedades raras. También se pretende expandir los programas de vacunación, incrementar la eficiencia energética en las instalaciones de salud, desarrollar el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, y mejorar la infraestructura de la atención primaria. Se buscará ampliar la atención sanitaria primaria y hospitalaria, así como el teleseguimiento, minimizando la necesidad de desplazamientos de pacientes. Además, se avanzará en la implementación del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, ampliando la detección temprana del cáncer de mama y de cérvix.

En cuanto a la política educativa, el Gobierno andaluz renueva su compromiso con una educación pública de calidad, proporcionando suficientes recursos económicos y humanos a los centros educativos. Se subraya la importancia de la libertad educativa y la elección de centro, reconociendo a las redes públicas y concertadas como complementarias en su misión de compensar desigualdades y fomentar la transformación social. Se pone especial énfasis en la atención a la diversidad y la inclusión completa del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo. Además, se trabaja para cerrar la brecha digital y prevenir la desigualdad social.

A pesar de una disminución en el número de estudiantes en etapas obligatorias, atribuida a la baja tasa de natalidad, el gobierno ha decidido mantener e incrementar el personal docente, con más de mil nuevos efectivos en la red pública y manteniendo docentes de refuerzo con fondos propios. Se observa un aumento en el alumnado de Bachillerato y Formación Profesional, destacando un crecimiento en la Formación Profesional como un área clave de este año académico.

Finalmente, el Gobierno andaluz continúa fortaleciendo el sistema de atención a personas en situación de vulnerabilidad, en consonancia con el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Se prioriza la mejora del sistema de dependencia, con el mayor presupuesto histórico que afianza nuevas plazas y aumenta la financiación en el sector.

Los progresos en el sistema de atención a la dependencia en Andalucía son posibles gracias a la inversión significativa de la Junta, que se hace cargo del grueso de los costos a pesar de que la Ley de Atención a las Personas en Situación de Dependencia exige un balance en las contribuciones entre el Estado y las comunidades autónomas. A este desequilibrio vertical se le suma la falta de cumplimiento por parte del Estado del principio de lealtad institucional, aumentando las responsabilidades de las comunidades autónomas en el sistema de atención a la dependencia sin proporcionar financiación adicional.

Aun con la limitada financiación estatal, la atención a la dependencia en Andalucía ha progresado, alcanzando los números más altos hasta la fecha. El primer semestre de 2023 cerró con 272,883 personas beneficiadas, un aumento neto de 11,649 personas (4.5%) en comparación con junio del año anterior. En cuanto al número de prestaciones, para el 30 de junio se registraron 397,187, un 7.3% más que el año anterior. Se espera iniciar 2024 con 38,240 personas adicionales en el sistema de atención a la dependencia de Andalucía, con un total de prestaciones que excederán las 400,000. Desde 2018, ha habido un aumento del 29% en el número de beneficiarios (60,640 personas más) y del 42% en prestaciones (117,913 más). Además, desde principios de 2019, se ha reducido casi a la mitad la lista de espera para recibir prestaciones. Se prevé que esta mejora continúe con el nuevo decreto de procedimiento que integra las fases de evaluación y asignación de prestaciones en una sola visita, reduciendo así los tiempos de tramitación.

La Junta de Andalucía también busca una mejora continua en los servicios y prestaciones no solo a través del aumento en cantidad y fondos, sino también mediante la innovación, que sirve para brindar atención más personalizada y prevenir situaciones de mayor dependencia. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea en su informe sobre los cuidados de larga duración, se lanzará un proyecto piloto de cuidados intermedios para ofrecer atención especializada a personas con enfermedades agudas tras su alta hospitalaria, con el objetivo de prevenir una dependencia más grave.

En el área de políticas sociales, el acceso a la vivienda se ha complicado debido al alza en los precios de las hipotecas y los efectos de la guerra en Ucrania. La creciente inflación que incide en la construcción, los materiales y la energía, junto con el aumento generalizado de los tipos de interés, ha impactado directamente en el mercado de la vivienda. Ante el incremento de la necesidad de vivienda tanto en venta como en alquiler y las disfunciones entre la oferta y la demanda, el Gobierno de Andalucía se propone seguir implementando políticas que faciliten el acceso a la vivienda, con un énfasis particular en la ampliación de la oferta de alquiler gestionada por el sector público, especialmente para jóvenes. Destaca el “Bono Alquiler Joven” que se estima beneficiará a 11,750 jóvenes andaluces, reduciendo su carga en el pago de rentas. Asimismo, el programa “Garantía Vivienda Joven” buscará mejorar el acceso a la financiación hipotecaria para jóvenes de hasta 35 años, permitiéndoles obtener préstamos de hasta el 95% del valor de la vivienda, con la Junta garantizando cualquier monto que exceda el 80% del valor, facilitando así la entrada al mercado de hipotecas.

Finalmente, la Junta de Andalucía se compromete con la igualdad como un derecho fundamental, esforzándose por alcanzar una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. El Presupuesto andaluz se plantea con una perspectiva de género, lo que implica que todos los ingresos y gastos son evaluados en función de su impacto diferencial en hombres y mujeres. Directamente alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, este enfoque presupuestario orientado al género es crucial para disminuir las disparidades y asegurar que las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres sean satisfechas mediante la oferta de servicios y bienes públicos. Además, se alinea con la asignación eficiente de recursos promovida por entidades internacionales como la Comisión Europea, la OCDE y el FMI.

El compromiso del Gobierno de Andalucía en abordar la violencia de género es un eje central de su agenda, enfocándose en la promoción de medidas decisivas para su eliminación y para proteger a las mujeres de agresiones que comprometan su bienestar personal. La capacitación se perfila como un recurso fundamental en esta lucha, por lo que se implementarán programas de capacitación para los profesionales que asisten a las mujeres afectadas por esta problemática, especialmente para aquellos en el ámbito judicial.

El presupuesto de 2024 refleja la continuidad en la búsqueda de un sistema de justicia más efectivo y accesible. Se desplegarán esfuerzos para la mejora de la infraestructura judicial, estandarizando las instalaciones judiciales con criterios de calidad y diseño, y prestando especial interés en las Ciudades de la Justicia en zonas urbanas, enfocándose además en el aumento de la eficiencia energética. Además, se fortalecerán los servicios de la sede judicial electrónica, con inversiones apoyadas por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, contribuyendo a la transformación digital.

La digitalización ofrece caminos para optimizar la protección social y la gestión de empleo, aunque también presenta desafíos como la potencial pérdida y polarización laboral a mediano plazo. De manera paralela, el cambio climático, junto con la transición ecológica, aunque afecta a todos, puede exacerbar las disparidades existentes, haciendo esencial una respuesta gubernamental adecuada a sus consecuencias sociales y laborales.

La sostenibilidad es un pilar de la estrategia de la Junta de Andalucía, y su enfoque «verde» se refleja en el presupuesto de 2024. Este enfoque busca un desarrollo económico sostenible que preserve el medio ambiente, en línea con el Pacto Verde Europeo. El balance entre modernizar los sectores productivos y encarar los desafíos del cambio climático y la economía circular es clave para este desarrollo sostenible integrado.

Andalucía, como región altamente vulnerable al cambio climático, enfrenta retos significativos en sectores como la agricultura, la ganadería y el turismo, así como en la salud pública y la biodiversidad marina. La Junta de Andalucía asume un compromiso con las estrategias de mitigación y adaptación, incluyendo el Plan Andaluz de Acción por el Clima, cuyas acciones ya han recibido reconocimiento europeo y contribuyen significativamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La llamada «Revolución Verde» de Andalucía se concentra en los ODS relativos al agua y la energía, adaptándose a emergencias como las sequías recurrentes. El gobierno regional intensificará su inversión en infraestructura hídrica en 2024 para asegurar el suministro y soportar la economía regional, además de abogar por el apoyo de la UE frente a los desafíos climáticos.

La transición hacia un modelo económico circular es otra pieza clave en el enfoque sostenible de la Junta de Andalucía. La Ley de Economía Circular de Andalucía 3/2023 es un hito legislativo que apoya esta transición y que empezará a desarrollarse plenamente en 2024.

La transformación energética también es un área de foco para Andalucía, buscando reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo energético sostenible y competitivo, como lo detalla la Estrategia Energética de Andalucía 2030. Esta estrategia apunta a hacer de Andalucía un líder en transición energética, generar empleo verde y aprovechar los recursos naturales de la región para mejorar la competitividad.

Para el año fiscal de 2024, los proyectos de producción de energías limpias y la infraestructura correspondiente para su distribución son esenciales en Andalucía, buscando potenciar el uso de recursos renovables locales y contribuir a un sistema energético menos dependiente de carbono. De acuerdo con el informe anual más reciente de la Agencia Andaluza de la Energía, Andalucía incrementó su capacidad en energías renovables por 4.094 megavatios entre 2019 y 2022, alcanzando una capacidad de 10.198 megavatios al finalizar 2022. La urgencia de dinamizar la aprobación de estos proyectos es clave por su impacto positivo en la creación de empleo y riqueza, así como en el impulso de la economía de ahorro y eficiencia energética. En este contexto, se ha ratificado el Plan de Ahorro Energético de la Administración de la Junta de Andalucía 2022-2026 en mayo de 2023, con la ambición de recortar el consumo eléctrico en un 12% para el año 2026.

Este apoyo gubernamental a los sectores productivos está integrado en la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (EADS 2030), la cual está en consonancia con los principios de prosperidad económica, inclusión social, igualdad de género y protección del medio ambiente, y alinea sus objetivos con la Agenda 2030 de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se coordina con la Estrategia de Transformación Económica de Andalucía (ETEA 2021-2027) y el Marco Estratégico de la UE 2021-2027.

El inicio de 2023 marcó un hito en Andalucía con la mayor tasa de nuevas empresas desde 2008. El gobierno tiene el compromiso de apoyar a estas empresas en su desarrollo, con especial enfoque en la generación de empleo. El incremento en las exportaciones andaluzas, que vieron un aumento interanual del 24,3% en 2022, refleja el éxito de la Estrategia de Internacionalización de la Economía Andaluza 2021-2027, que seguirá su curso en 2024.

Finalmente, ciencia e innovación son vistos como los cimientos para el crecimiento económico de largo plazo. El compromiso del gobierno andaluz con la investigación, desarrollo e innovación se establece como prioritario, haciendo del avance del conocimiento un eje central para el progreso social y económico de la región.

La estrategia andaluza frente a los desafíos de la investigación y el desarrollo se materializa en la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía (EIDIA), marcando el horizonte hasta el año 2027. Instituida en junio de 2022, esta hoja de ruta es el testimonio del compromiso del ejecutivo andaluz por consolidar la I+D+I como el cimiento del desarrollo económico regional: uno que es competitivo, sostenible y participativo, con una base robusta en ciencia y saber. La EIDIA apunta a robustecer las instituciones y elevar la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC) para intensificar su competitividad y expandir su influencia y capacidad de atracción de inversión, especialmente de fondos europeos.

Para 2024, las acciones dentro de la EIDIA se centrarán en aumentar la cantidad de participaciones en programas como «Horizonte Europa» y otros contextos internacionales en los que Andalucía participa y lidera. Este empuje no solo favorecerá proyectos altamente competitivos con alto potencial de éxito sino que también facilitará a las PYMEs el acceso a financiación y la integración en redes de I+D e innovación nacionales e internacionales. También se reforzará el soporte a infraestructuras dispersas por la geografía andaluza, mejorando su uso, mantenimiento y el equipo técnico que garantiza su operatividad.

Las provisiones del Presupuesto de 2024 están diseñadas para promover un ecosistema empresarial dinámico, respaldando los equipamientos e infraestructuras que dan cabida a iniciativas empresariales como incubadoras de negocios y espacios de coworking. Iniciativas y eventos que fomenten la colaboración y conectividad de proyectos también están en el punto de mira, con el objetivo de generar sinergias productivas. Estas acciones están contempladas en el Plan General de Emprendimiento, que hasta 2027 será la piedra angular de todas las políticas de emprendimiento de la Junta, ofreciendo herramientas clave para respaldar proyectos empresariales novedosos, especialmente en sectores de innovación y startups, contribuyendo así al competitivo progreso de la economía andaluza.

El apoyo gubernamental andaluz al emprendimiento tecnológico también se refleja en medidas concretas, ya que la tecnología e innovación son esenciales para modernizar los sectores productivos, impulsando la actividad empresarial y el nacimiento de nuevas empresas de alta tecnología. A la par de la reducción de impuestos para que los empresarios andaluces disfruten de una de las mejores fiscalidades de España, se han establecido incentivos fiscales para inversores privados que respalden económicamente estos emprendimientos.

Además, se está fomentando la creación de cátedras de emprendimiento e innovación en las universidades andaluzas, fortaleciendo la conexión con los Centros Andaluces de Emprendimiento (CADEs). A través de estas cátedras se pretende inculcar el espíritu emprendedor en la comunidad universitaria, promoviendo la creación de empresas y empleo con el respaldo de la Junta. Como resultado de estas políticas, en el primer semestre de 2023 se han fundado 2.038 empresas por iniciativa de 2.289 miembros de la comunidad universitaria, generando 2.090 nuevos puestos de trabajo en la región y con una inversión inicial de 10,69 millones de euros.

La vitalidad económica de Andalucía se percibe con nitidez en la evolución de su industria al finalizar 2022, con un crecimiento que superó en dos puntos porcentuales la media del país y marcó su aporte más significativo al entorno económico regional en más de veinte años. En esta línea, la administración andaluza intensifica su respaldo a la industria, poniendo especial énfasis en áreas fundamentales para el futuro del sector como la descarbonización y la transformación en curso. Programas de la Junta de Andalucía, como los incentivos para infraestructuras básicas de proyectos industriales, han tenido un exitoso recibimiento, beneficiándose de un proceso de tramitación más ágil y simplificado. Además, se está desarrollando la nueva Ley de Espacios Productivos de Andalucía, que busca potenciar las zonas industriales en términos de infraestructura y servicios, valorizar los espacios productivos actuales, brindar certeza legal, impulsar el desarrollo y favorecer la implantación industrial en la región.

El sector transporte en Andalucía es responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero y del 47% de las emisiones difusas. Por ello, es urgente priorizar estrategias que atiendan a la mitigación y adaptación al cambio climático, buscando no solo reducir las emisiones sino también contar con infraestructuras de transporte capaces de resistir fenómenos climáticos extremos, cada vez más habituales. Desde la Unión Europea se enfatiza que la sostenibilidad del transporte debe ser una prioridad estratégica a todos los niveles, implicando un cambio en el actual modelo de movilidad hacia una economía más «limpia y circular», afectando a todos los sectores y especialmente al transporte. Para alcanzar la neutralidad climática y disminuir la dependencia del petróleo, se necesita implementar un sistema de transporte eficiente y flexible que se centre en reducir la movilidad forzada, fomentar la movilidad activa y mejorar el transporte público.

El Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (PITMA 2030), aprobado en noviembre de 2022, integra las iniciativas gubernamentales para promover una movilidad sostenible que optimice los recursos y satisfaga las necesidades de los usuarios, con un enfoque más en la gestión de servicios que en la creación de nuevas infraestructuras. En 2024, se continuarán desplegando medidas orientadas a mejorar la red de carreteras, su capacidad, accesibilidad y sostenibilidad ambiental; se apostará por la investigación y la innovación en proyectos como pavimentos sostenibles e inteligentes y se promoverá un transporte público más eficiente y respetuoso con el medio ambiente.

El turismo, como pilar de empleo y prosperidad en Andalucía, es un sector clave y estratégico que impulsa el crecimiento económico regional. Este sector, que responde a múltiples condicionantes externos, debe reforzar su competitividad y resiliencia de manera integral, inclusiva y comprometida con la comunidad local. Para 2024, es crucial revitalizar la industria turística, lo que se hará con la tramitación de la nueva Ley del Turismo y reforzando el apoyo económico mediante incentivos, empleando datos para mejorar la oferta y la imagen del sector y mejorando la conexión de Andalucía con destinos internacionales, con especial enfoque en los mercados de América del Norte y Asia.

El sector agroalimentario, clave para la economía andaluza y generador de empleo, representa el 10% del empleo en la región y cerca del 9% del valor añadido bruto, cifra que asciende al 16% si se incluyen las industrias asociadas y las actividades de transporte y distribución. Este sector contribuye significativamente al equilibrio socioeconómico y ambiental de los pueblos rurales andaluces. En 2024, con la implementación de la reformada Política Agrícola Común (PAC), el Gobierno de la Junta de Andalucía se enfocará en defender los intereses del campo andaluz frente a desafíos como los elevados costes de producción y la competencia desleal internacional, asegurando así un balance adecuado entre las necesidades económicas.