Callejón sin salida – Artículo ABC 23.02.2016

La semana pasada, el Tribunal Constitucional dio un baño de realismo al presidente de la Generalitat y a sus socios de Gobierno, dictando la suspensión de las competencias de la Consejería de Asuntos Exteriores, tras la admisión a trámite del recurso presentado por el Gobierno del Partido Popular. El artículo 149 de la Constitución es muy claro: las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado. Por tanto, el Tribunal Constitucional ha hecho lo que tenía que hacer, aplicar la ley y acabar con el despropósito de la internacionalización del conflicto separatista. 

Por mucho que lo pretenda, Puigdemont debe tener claro que no tiene competencias para crear un falso ministerio de exteriores y que nadie en el mundo les reconocería. Ni delegados que se creen embajadores, ni falsas representaciones permanentes en Bruselas. Los catalanes nos podremos ahorrar las 50 embajadas que querían abrir y unos 19 millones de euros, como mínimo, que podrán destinarse a eliminar barracones en la escuela pública o a reabrir ambulatorios. 

Después de decisiones como la tomada por el Tribunal Constitucional, viene la victimización y las acusaciones a las instituciones del Estado de ir, con una supuesta mala fe, contra Cataluña. Esta vez, no obstante, la Generalitat tendrá complicado lanzar estas mismas acusaciones contra los letrados del Parlamento catalán, que también han advertido de la ilegalidad de la ponencia conjunta para tramitar las leyes de ruptura y desconexión. 

Es el Gobierno de la Generalitat, con su actitud irresponsable y temeraria, la que está poniendo en peligro el autogobierno de Cataluña. Nadie está por encima de la legalidad, y el estado de derecho va a responder a cada afrenta y a cada incumplimiento, con proporcionalidad y firmeza. Y, en este punto, debemos recordar que el Tribunal Constitucional, con la reforma impulsada hace unos meses por el Partido Popular, cuenta con nuevos instrumentos para obligar al cumplimiento de sus sentencias. 

Por nuestra parte, el Partido Popular, ante los que quieren romper la democracia española, seremos la garantía de que no se malgaste ni un euro más de los catalanes en dividirnos, lucharemos jurídica y políticamente contra las leyes de la ruptura y contra todas aquellas acciones en el exterior que den una mala imagen de Cataluña, perjudicando a la recuperación económica y al conjunto de España. 

Puigdemont ya no puede continuar engañando a los catalanes diciendo que lo puede romper todo de manera legal. Ni estructuras de estado, ni leyes de ruptura ni desconexión. Su proyecto está en un callejón sin salida y, cuanto más acelere, más cerca está de chocar contra la pared.